Ni cuchillas en la valla, ni prolongación del espigón, nada evita que una persona huya de la pobreza y las violaciones de derechos humanos

Ante los gravísimos sucesos ocurridos en Ceuta que han ocasionado la muerte de 15 personas inmigrantes, la RED ALTERNATIVA DE GRUPOS DE BURGOS exige el total esclarecimiento de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y la asunción de las responsabilidades correspondientes por parte del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el Director General de la Guardia Civil y el Delegado del Gobierno en Ceuta.

Las organizaciones que formamos la RED ALTERNATIVA DE GRUPOS DE BURGOS, creada en 1996 y que actualmente componen el Acción en Red, Asociación La Rueda, Burgos Acoge, Eirene Cultura para la Paz, Entrepueblos, Equo y Justicia y Paz, reclama de los responsables políticos explicaciones claras sobre la tragedia vivida en el Tarajal de Ceuta, que ha costado 15 vidas y el reconocimiento explícito de la ejecución de expulsiones colectivas ilegales de personas inmigrantes.

Es inadmisible que aquellos que deben resultar garantes de la Ley actúen al margen de ésta y pretendan negar la evidencia o esconder con mentiras los hechos. Sugerir que en la actuación policial deben prevalecer «conceptos operativos» sobre la legalidad vigente resulta impropio de un Estado de Derecho.

Las imágenes que todos hemos visto demuestran la utilización de materiales antidisturbios y otros dispositivos represivos contra las personas que quieren alcanzar la costa. ¿Por qué se negó inicialmente esta actuación? Ante estas versiones falsas ¿Qué medidas de depuración de responsabilidades van a tomarse?

¿Existió omisión del deber de socorro a las víctimas por parte de la Guardia Civil? ¿Por qué las lanchas que presenciaron los hechos no se acercaron a socorrerlos y continuaron disparando pelotas de goma? ¿Por qué no se dio aviso a salvamento marítimo y Cruz Roja para que acudieran a ayudar a los inmigrantes en dificultades?

¿Dónde empieza España? Resultan descorazonadoras las lamentables explicaciones pretendidamente jurídicas dadas para justificar acciones que no respetan la Ley de Extranjería, la Ley de Asilo ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno debe reconocer que esta y otras actuaciones precedentes de la Guardia Civil, ejecutando lo que ellos llaman «devoluciones en caliente», no están amparadas por ninguna norma legal: La Ley exige que estas personas sean llevadas a Comisaría, se exige oír a la persona, procurar su identificación y determinación del país de origen, y valorar sus circunstancias personales, con inclusión de la posible existencia de menores de edad en situación de desamparo y de solicitantes de asilo o protección internacional.

Los derechos fundamentales deben respetarse también en las fronteras. No se puede tratar a los inmigrantes como si fuesen delincuentes o personas sin derechos. No se puede seguir poniendo en riesgo sus vidas.

España y Europa deben reaccionar. La fortificación de fronteras no será nunca una solución mientras el problema en origen de las desigualdades y la falta de derechos subsista.

Una tragedia más lo demuestra.